La tarde de éste lunes 3 de febrero la Gobernadora Dilia Margarita Có Coy, recibió en el despacho de Gobernación Departamental de Alta Verapaz a los representantes de las comunidades del área de Campur, quienes informaron de las medidas que tomarán este miércoles 5 de febrero con el objetivo de hacerse escuchar por las autoridades superiores del Ministerio de Comunicaciones.
La Gobernadora los llamó a la reflexión, haciéndoles un llamado a la conciencia, no llegando a los bloqueos, ya que estos afectan al resto de la población y pueden causar más confrontaciones, esto debido a que en esta administración no se ha agotado el diálogo y que de forma ordenada se han realizado las gestiones ante el Ministerio de Comunicaciones.
Asi mismo solicitó que las manifestaciones se hicieran de forma organizada para evitar confrontaciones innecesarias que pusieran en riesgo la integridad de las personas.
Por último se comprometió a agotar las gestiones ante el Ministro de Comunicaciones este miércoles, cuando se realizará la reunión con los diferentes actores que tienen relación con el Proyecto de Carretera Campur-Sebol.
Para poner en contexto a la población el proyecto de Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta Nacional 05, Tramo II: Campur – Fray Bartolomé de las Casas fue adjudicado en el año 2005 mediante licitación pública internacional (DGC-005-2005-C) al contratista CONCAY, S.A. con un contrato inicial de Q127,982,831.30, con financiamiento proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y fondos nacionales.
El objetivo del proyecto es la rehabilitación del tramo carretero, su ampliación y pavimentación en una longitud aproximada de 49.45 kilómetros, además de la construcción de drenajes y señalización vial para garantizar la seguridad de los usuarios.
Sin embargo, a lo largo de los 18 años desde la firma del contrato, el proyecto ha experimentado múltiples retrasos durante 5 gobiernos y 10 ministros de Comunicaciones debido a suspensiones por factores como desfinanciamiento, cambios administrativos y técnicos, lo que ha generado una creciente inconformidad en la población afectada.
Actualmente, la obra se encuentra suspendida, con un avance físico del 72.32% y un avance financiero del 54.06%, lo que significa y durante este largo período existe un saldo pendiente de pago de Q278,185,669.14 a la empresa constructora.
Este es el asunto que requiere una ruta de solución en la reunión del próximo miércoles 5 de febrero.
